LAS VIOLENCIAS DE LOS POST ACUERDOS DE PAZ : CRIMEN ORGANIZADO, CONTROL GEOESTRATEGICO, PAZ TERRITORIAL VS. ECOLOGIA DE GUERRA, EXTRACTIVISMO Y AUTORITARISMOS
Las violencias que (re)aparecen o se transforman en los periodos post-acuerdos de paz emergen como expresión social de un militarismo que se arraigó con el tiempo y sigue latente en las interacciones cotidianas, o pueden ser una reconfiguración estratégica o un reciclaje de estructuras armadas que retoman métodos de control social y repertorios de guerra, con la finalidad de continuar captando rentas de actividades criminales. Bajo este panorama, el crimen organizado –que logra además reagrupar las organizaciones sucesoras de las estructuras armadas anteriores a la paz– va consolidando una gobernanza criminal que a menudo desdibuja los límites entre lo formal y lo delictivo. Al regular actividades productivas a través de economías grises (ganadería, minería, comercio y hasta agroindustria), estos grupos operan como autoridades de facto. Su poder no es solo militar, sino societal, legitimándose como regulador de la vida cotidiana en lugares donde la presencia estatal es fragmentaria y|o cuando la corrupción institucional les permite operar.
Este dominio se materializa en geoestrategias de control territorial circunscritas a arterias logísticas –muchas veces heredados del conflicto– vitales para el circuito de rentas criminales (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas). El control de estos corredores garantiza la movilidad de activos y tropas, asegurando una ventaja operativa permanente sobre el Estado.
Las violencias de los post-acuerdos de paz emergen también por las tensiones que se tejen entre la paz territorial –que busca democratizar el territorio y proteger los bienes comunes– y las ecologías de guerra –que ven el entorno natural como un botín basado en la extensión de la mercantilización a todo los recursos. Esta pugna convierte al territorio en un campo de batalla en donde la violencia vuelve a proteger privilegios acumulados por encima de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y pone en vilo la transición hacia la paz sin concretar las condiciones para una reconciliación verdadera.*
Al mantener vivos los mecanismos de acumulación por despojo, el advenimiento del orden neoliberal que marcó los periodos post-acuerdos de paz, favoreció también un repunte del extractivismo que actúa como un eje de agresión sistémica y funciona no solo como un modelo económico, sino como una «caldera» de tensiones que reordena el territorio para el capital global, desplazando autonomías locales y transformando ecosistemas vitales en zonas de sacrificio.
Esta competición entre fuerzas irregulares y regulares –que, a veces, derivan hacia la delincuencia– e incluso actores militares extranjeros, se traduce en la adopción de formas de gobernanza autoritarias impuestas a través de la (re)militarización de la sociedad (a veces incluso más extensa que en tiempos de guerra) o el Estado de excepción. Justificado por quienes lo ejercen como necesario, ese desliz autoritario produce nuevas formas de violencia toleradas por quienes, desde la desesperación y el pragmatismo, aceptan el control social y callan a cambio de medidas temporales de seguridad en espacios públicos, actividades recreativas y comerciales. Esa armonía y paz aparentes se sobrepone al estado de derecho y hasta prescinde de las normas básicas del funcionamiento democrático de la sociedad.
